Imagen de la mesa que ha abierto la jornada celebrada en Madrid. De izquierda a derecha: Pedro Luis Cobiella, presidente del IDIS; Alfonso Jiménez Palacios, director general de Farmacia; y Juan Abarca Cidón, secretario general del IDIS.

Javier Barbado / Javier Leo / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
Una rebaja fiscal del 15 por ciento para aquellos ciudadanos que contraten un seguro de salud privado y dispongan de rentas bajas supondría un ahorro para las arcas públicas de no menos de 608 millones de euros, a tenor de los datos presentados este miércoles por los máximos responsables del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en concreto su presidente, Pedro Luis Cobiella; vicepresidente, Iñaki Peralta; y secretario general, Juan Abarca Cidón.

Esta conclusión se debe a una ecuación bastante lógica que se deduce del informe, tal como ha razonado el director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo: si se proporciona un incentivo al ciudadano, lo más probable es que lo aproveche porque obedece a un patrón racional de comportamiento; en consecuencia, aumenta el volumen de primas en el sector sanitario privado así como el número de empleados, lo cual se traduce, a su vez, en un aumento de la recaudación vía impuestos por parte del Estado.

En la imagen de la izquierda: Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos; Juan Abarca Cidón; e Iñaki Peralta, vicepresidente del Idis. A la derecha: la coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor, flanqueada por Pedro Luis Cobiella e Iñaki Peralta, presidente y vicepresidente del IDIS, respectivamente.

Además, de acuerdo con las cifras expuestas en el estudio, titulado “Impacto de la deducción fiscal a la suscripción voluntaria de seguros privados de salud”, para una familia media (tres integrantes) la deducción fiscal propuesta significaría un ahorro de 310 euros anuales. Asimismo, la medida repercutiría en un aumento del número de asegurados individuales de entre el 5 y el 15 por ciento (621.335 personas), lo cual supondría un incremento del volumen de tributación del sector en más de 18,9 millones.

En línea con el razonamiento de Iranzo, ese crecimiento de los asegurados equivaldría a un aumento del volumen de tributaciones de centros hospitalarios y extrahospitalarios de más de 43,2 millones (aumento del 4 por ciento), así como a 16.959 empleados sanitarios más (8 por ciento del total de profesionales del sector). Por último, la investigación concluye que la medida generaría el citado ahorro para el Estado de 608 millones de euros anuales (ahorro en gasto sanitario per cápita si los nuevos asegurados solo utilizasen la asistencia privada), y, a cambio, las arcas públicas solo desembolsarían 129,8 millones para implantarla (saldo fiscal neto), lo que equivale a menos del presupuesto en personal que gasta un hospital universitario.

Por su parte, Cobiella, ha destacado el “poco reconocimiento que se está otorgando al esfuerzo económico realizado por el sector privado en sanidad, un esfuerzo que está descargando de presión asistencial a un sistema ya de por sí saturado”. “Con la demanda infinita actual de servicios sanitarios, es difícil ser halagüeño. El futuro está en defender un sistema público y privado complementario, integrado y de máxima calidad”, ha señalado.

En la misma dirección, Cidón, secretario general del IDIS, ha insistido en que la sanidad privada “ha sido uno de los pocos sectores que ha crecido a pesar de la crisis”. “No nos quieren escuchar, pero cada vez nos importa menos”, ha aseverado. Como representante del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Alfonso Jiménez Palacios, director general de Farmacia, ha comentado durante su intervención que “los tiempos de crisis no son tiempos fáciles, pero son épocas de oportunidad que la sanidad privada sabrá aprovechar”.

A la clausura de la presentación del informe ha acudido la secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular (PP) y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, quien ha alabado el estudio y ha subrayado que su partido estudia poner en práctica la medida con el matiz de que resulta necesario, antes, llevar a cabo “otro estudio complementario” que evalúe el “impacto real” de la deducción a partir del número total de pólizas de seguros de salud contratadas en este momento en España (no solo las que podrían contratarse una vez implantado el incentivo), y que esclarezca también la posible duplicidad de gasto en muchos asegurados que no dejan de beneficiarse de la asistencia sanitaria pública.

El acto ha contado con la presencia de multitud de caras conocidas. De izquierda a derecha: Ángel de Benito, vicepresidente del IDIS; Carlos Amaya, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS); Julio Zarco, presidente de Semergen; y Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

De izquierda a derecha: José Ramón Rubio, vicepresidente del Grupo Hospitalario Quirón; Luis Mayero, vicepresidente del IDIS; Honorio Bando, asesor del Instituto de Salud Carlos III; y Julio Sánchez Fierro, ex-subsecretario general de Sanidad.

A la izquierda Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Eduardo Rodríguez, CEO de Nucletron, seguidos de Marisa Calderón, directora de Relaciones Institucionales del Grupo Hospital de Madrid y Fernando Mugarza, director de desarrollo corporativo del IDIS.

De izquierda a derecha: Consuelo Cruz, jefa de prensa de la Clínica La Luz; Carmen Pino, presidenta de Planner Media; Joaquín López, director de Gestión Asistencial de Aresa Salud; y Ana López-Alonso, directora de Comunicación del Grupo Cofares.